Lo dijo la presidenta en la presentación oficial del proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La medida apunta a modificar la ley vigente, sancionada en 1980 durante la última dictadura militar, y evitar la monopolización de los medios de comunicación.
La Plaza de Mayo se encontraba poblada de militantes kirchneristas, sindicalistas y fieles seguidores del Gobierno, cuando Cristina Fernández anunciaba en el Salón de la Mujer de la Casa Rosada, el envío al Congreso de la ley de radiodifusión.
El proyecto prevé, entre otros puntos, la independencia de los medios de comunicación; la libertad de los periodistas, impidiendo toda forma de presión o castigo por parte de los empresarios y la reducción y regulación de las licencias de servicios de radiodifusión.
En un nuevo round de la “pelea” entre el kirchnerismo y las grandes empresas de comunicación (léase Grupo Clarín), el Gobierno saltó del banquillo para apurar los trámites y sancionar la ley antes del 10 de diciembre. Es que ese día se renuevan los diputados y el PJ quedaría debilitado, perdiendo el apoyo necesario para llevar adelante esta iniciativa. Si bien la presidenta afirmó que esta ley pondrá a prueba la democracia, la oposición no tardó en cargar las armas del miedo y disparar contra el Gobierno, acusando al proyecto de autoritario y coartador de la libertad de prensa.
Es cierto que en la propuesta existen algunos puntos “grises”, que tienen que ver con el modo y el criterio con que se otorgarían las licencias, algo que le permitiría al oficialismo manejar el sistema mediático. Sin embargo, aquellos que se jactan de defender la libertad de prensa, ignoran que hoy en día, y pese a la gran cantidad de medios de comunicación existentes, vivimos sumergidos en la realidad narrada por monopolios u oligopolios que manejan la información según sus intereses. En este contexto, no solo los periodistas se encuentran sometidos constantemente a la presión de los medios para los cuales trabajan, sino que la sociedad se convierte en rehén de la información manipulada que consume.
Ahora resta aguardar la decisión del Congreso, y tener la esperanza de que se tomen las medidas adecuadas para que esta ley nos permita tener un poco más de libertad y los medios no se conviertan en “abogados” del Gobierno, algo que terminaría contaminando los principios básicos de este proyecto.
La Plaza de Mayo se encontraba poblada de militantes kirchneristas, sindicalistas y fieles seguidores del Gobierno, cuando Cristina Fernández anunciaba en el Salón de la Mujer de la Casa Rosada, el envío al Congreso de la ley de radiodifusión.
El proyecto prevé, entre otros puntos, la independencia de los medios de comunicación; la libertad de los periodistas, impidiendo toda forma de presión o castigo por parte de los empresarios y la reducción y regulación de las licencias de servicios de radiodifusión.
En un nuevo round de la “pelea” entre el kirchnerismo y las grandes empresas de comunicación (léase Grupo Clarín), el Gobierno saltó del banquillo para apurar los trámites y sancionar la ley antes del 10 de diciembre. Es que ese día se renuevan los diputados y el PJ quedaría debilitado, perdiendo el apoyo necesario para llevar adelante esta iniciativa. Si bien la presidenta afirmó que esta ley pondrá a prueba la democracia, la oposición no tardó en cargar las armas del miedo y disparar contra el Gobierno, acusando al proyecto de autoritario y coartador de la libertad de prensa.
Es cierto que en la propuesta existen algunos puntos “grises”, que tienen que ver con el modo y el criterio con que se otorgarían las licencias, algo que le permitiría al oficialismo manejar el sistema mediático. Sin embargo, aquellos que se jactan de defender la libertad de prensa, ignoran que hoy en día, y pese a la gran cantidad de medios de comunicación existentes, vivimos sumergidos en la realidad narrada por monopolios u oligopolios que manejan la información según sus intereses. En este contexto, no solo los periodistas se encuentran sometidos constantemente a la presión de los medios para los cuales trabajan, sino que la sociedad se convierte en rehén de la información manipulada que consume.
Ahora resta aguardar la decisión del Congreso, y tener la esperanza de que se tomen las medidas adecuadas para que esta ley nos permita tener un poco más de libertad y los medios no se conviertan en “abogados” del Gobierno, algo que terminaría contaminando los principios básicos de este proyecto.
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