"Esta ley es de la sociedad"

Lo dijo la presidenta en la presentación oficial del proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La medida apunta a modificar la ley vigente, sancionada en 1980 durante la última dictadura militar, y evitar la monopolización de los medios de comunicación.

La Plaza de Mayo se encontraba poblada de militantes kirchneristas, sindicalistas y fieles seguidores del Gobierno, cuando Cristina Fernández anunciaba en el Salón de la Mujer de la Casa Rosada, el envío al Congreso de la ley de radiodifusión.
El proyecto prevé, entre otros puntos, la independencia de los medios de comunicación; la libertad de los periodistas, impidiendo toda forma de presión o castigo por parte de los empresarios y la reducción y regulación de las licencias de servicios de radiodifusión.

En un nuevo round de la “pelea” entre el kirchnerismo y las grandes empresas de comunicación (léase Grupo Clarín), el Gobierno saltó del banquillo para apurar los trámites y sancionar la ley antes del 10 de diciembre. Es que ese día se renuevan los diputados y el PJ quedaría debilitado, perdiendo el apoyo necesario para llevar adelante esta iniciativa. Si bien la presidenta afirmó que esta ley pondrá a prueba la democracia, la oposición no tardó en cargar las armas del miedo y disparar contra el Gobierno, acusando al proyecto de autoritario y coartador de la libertad de prensa.

Es cierto que en la propuesta existen algunos puntos “grises”, que tienen que ver con el modo y el criterio con que se otorgarían las licencias, algo que le permitiría al oficialismo manejar el sistema mediático. Sin embargo, aquellos que se jactan de defender la libertad de prensa, ignoran que hoy en día, y pese a la gran cantidad de medios de comunicación existentes, vivimos sumergidos en la realidad narrada por monopolios u oligopolios que manejan la información según sus intereses. En este contexto, no solo los periodistas se encuentran sometidos constantemente a la presión de los medios para los cuales trabajan, sino que la sociedad se convierte en rehén de la información manipulada que consume.
Ahora resta aguardar la decisión del Congreso, y tener la esperanza de que se tomen las medidas adecuadas para que esta ley nos permita tener un poco más de libertad y los medios no se conviertan en “abogados” del Gobierno, algo que terminaría contaminando los principios básicos de este proyecto.

Circo y pan

La embestida de Néstor Kirchner contra el Grupo Clarín tuvo hace algunas semanas su punto más tenso. Atrás quedaron las acusaciones al multimedios (sobre todo dirigidas al diario y al canal Todo Noticias) por supuestas operaciones de prensa que golpeaban duro al gobierno de Cristina Fernández. Esta vez el Gobierno actuó, y escudándose en la deuda de los clubes, “apretó” a la A.F.A y mediante un acuerdo con Julio Grondona, decidió estatizar la transmisión de los partidos de fútbol de Primera División, rescindiendo el contrato con la empresa Televisión Satelital Codificada (TSC), que era poseedora de los derechos de transmisión y de un negocio que dejaba millones al año.

Los enfrentamientos y las chicanas por parte de la Presidenta y de Néstor Kirchner se habían profundizado desde el conflicto con el campo, cuando el diario y el canal de noticias tomaron una postura anti-K, respaldando los pedidos de las entidades agrarias para que se derogara la ley 125. Luego de las últimas elecciones legislativas, que marcaron la “derrota” oficialista, la contienda parecía favorable al Grupo Clarín, pero el Gobierno, que aparentaba estar debilitado, esta vez golpeó tan duro que noqueó a uno de sus principales opositores. Pero, ¿Cuánto tiene esta medida de democrática y cuánto de demagógica? ¿En qué medida está dirigida a brindarles a todos los argentinos la posibilidad de ver el espectáculo más popular del país y en qué medida está dirigida a contar con un apoyo que le permita al PJ kirchnerista llegar bien parado a las próximas elecciones? ¿Qué hay de cierto en las versiones que afirman que se van a destinar fondos públicos para subsidiar al fútbol?

Esta última es la pregunta que se hacen muchos argentinos, y es tal vez el punto más discutido por la oposición. Lo cierto es que se destinó una suma de dinero a la AFA como “salvataje” para los clubes, pero a modo de adelanto. En este sentido, hay que tener en cuenta que todos los ingresos que percibía la empresa monopólica, por ejemplo en materia de publicidad, ahora quedarían en manos del Gobierno. El fútbol en Argentina es un negocio que le dejaba al Grupo Clarín más de 1500 millones de pesos al año, mientras los clubes, amén de las malas gestiones dirigenciales, cada día se empobrecían más, atados a los contratos que los ligaban a TSC y TyC.

En tanto, el Gobierno ya dio el primer paso, y el último fin de semana comenzó el Torneo Apertura, con la transmisión de los diez partidos por canales de aire, algo que se vislumbraba con incredulidad y desconfianza por parte de sus opositores. No hay dudas sobre los ingresos que percibirá el Gobierno con toda esta movida, lo que genera incertidumbre es el destino de ese dinero. Aparentemente estamos frente a una situación donde existen buenas ideas, que preservan la democracia y la equidad social, pero podríamos preguntarnos si esos fondos, como sucedió con tantas medidas impulsadas por el Gobierno, quedarán en la nebulosa, o en la cuenta bancaria de quienes nos gobiernan, y no llegarán a cubrir algunas de las tantas necesidades que tiene nuestro país. Es que una vez que comienza a rodar la pelota ya no hay hambre ni pobreza.